Las relaciones con la administración se han convertido en fuente de conflicto constante por la extralimitación de sus potestades y su consideración del ciudadano como presunto infractor/defraudador. Pero la necesaria reglamentación de las actividades sociales no implican dotar de arbitrariedad a la administración ni la obligación de sostener los gastos públicos es absoluta ni ilimitada, al contrario, nuestra constitución establece como derechos fundamentales la interdicción de la arbitrariedad, la seguridad jurídica, el principio de legalidad también en el ámbito administrativo, la prohibición de sanciones privativas de libertad en el ámbito administrativo, la necesidad de proporcionalidad entra la infracción y el hecho y el acceso a la tutela judicial efectiva.

Esos limites claros son los que hay que defender ante la Administración que intenta expandir sus atribuciones ante conflictos con la norma y empleando la analogía a pesar de su expresa prohibición, obligando al ciudadano a actuar como su agente y exigiéndole responsabilidad aun cuando no se haya producido perjuicio alguno a la administración o expandiendo las obligaciones del ciudadano más allá de las posibilidades que la norma la otorga.

El art. 106.2 de nuestra constitución consagra la responsabilidad patrimonial de la Administración al preceptuar que:

Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Esta responsabilidad patrimonial, para tener éxito, requiere que se produzca un perjuicio al administrado que no debiera soportar y que le ha resultado imprevisible o le ha sido imposible evitar derivado de una actuación u omisión de la Administración sin importar que forme parte del funcionamiento normal o anormal de ésta, tiene que existir, por tanto, un daño efectivo y una relación causal entre la actuación y omisión administrativa y el daño producido y con la única excepción del daño producido por fuerza mayor.

La prueba de los requisitos exigidos hacen difícil su planteamiento, pero no imposible y permita acceder a la indemnización por el funcionamiento ineficaz o insensible de la Administración respecto del administrado.