Fernando Parrondo García

Estudié Derecho en la Universidad Complutense de Madrid durante los años ochenta, pero los derroteros de la vida me llevaron a una gran multinacional durante más de 20 años dónde desarrollé mi labor asesorando al más alto nivel en temas de estrategia corporativa.

Siempre me quedó el gusanillo del ejercicio  y la defensa de los derechos de las personas y, en 2014, abandonando todo lo anterior, comencé a retomar lo que había abandonado desde mi entrada en el mundo de los negocios. Un Master y un Practicum de 4 años, me pusieron de nuevo en el mercado como abogado.

Las áreas de práctica a las que me circunscribo son el Derecho civil (obligaciones y contratos, propiedad horizontal - comunidades de propietarios, arrendamientos, responsabilidad extracontractual - seguros) y el derecho de familia (divorcio, sucesiones, filiación).

Dada mi experiencia en responsabilidad extracontractual en el ámbito civil también trabajo en la jurisdicción contencioso-administrativa (reclamaciones patrimoniales, vulneración de derechos).

Y dada mi experiencia en derecho de familia ejerzo también la defensa penal en ámbitos de violencia de género a mis clientes varones.

Cuénteme su problema. Lo estudiaré en profundidad y le diré de forma totalmente transparente las posibilidades de éxito y el tiempo estimado para alcanzar una solución.

Desgraciadamente, la administración de justicia española, siendo la herramienta de solución definitiva de conflictos, se encuentra con personal desmotivado y saturado de trabajo, faltos de herramientas, con hábitos del siglo XIX y con una gran presión política en determinadas jurisdicciones. 

De lo anterior no solo se aprovecha la administración y las grandes empresas, sino igualmente el resto de personas que conocen el tiempo y las presunciones políticas que pueden jugar a su favor y en su contra.

Lo anterior produce que para embarcarse en un litigio sea necesario algo más que un abogado, alguien en quién confiar para aconsejarle la mejor forma de terminar el conflicto lo antes posible y con las menores consecuencias negativas.

Y todo con el conocimiento desde el primer momento del coste que le va a suponer. De manera totalmente transparente, sin sorpresas. Para que la decisión que tome siga siendo suya, pero perfectamente informada.